Ese gesto (lanzar primero, hablar después) es lo que ha llevado este martes a la Alianza de Prensa de Información General (APIG), que agrupa a unas 300 cabeceras francesas, a denunciar a la tecnológica estadounidense ante la Autoridad de la Competencia del país.

No es la novedad de la tecnología lo que molesta a los editores franceses. Es la forma en que ha llegado. "Los editores no pedimos que se detenga esta innovación. Pedimos que este valor sea compartido y que el uso de sus contenidos sea remunerado, tal y como exige la ley", ha resumido el presidente de la APIG, Marc Feuillée, en el comunicado que informa de la denuncia.

Un contrato actualizado por sorpresa, sin margen de maniobra

Según relata la propia Alianza, a los editores franceses se les propuso, sin previo aviso, una simple actualización del contrato de licencia que ya tenían firmado con Google.

La alternativa, de no aceptar esas nuevas condiciones, era retirar técnicamente sus contenidos del buscador, con la consiguiente pérdida de visibilidad. Ninguna de las dos opciones, denuncian, equivale a una negociación real.

Las herramientas en cuestión -AI Overviews y AI Mode- ya funcionaban en otros países antes de llegar a Francia. Permiten a los usuarios dialogar con una inteligencia artificial que responde directamente a sus búsquedas, y relegan los enlaces a los medios de comunicación a una posición secundaria, muy por debajo de la respuesta generada.

El resultado, según cifras de la autoridad audiovisual y digital francesa (Arcom) citadas por la Alianza, es una caída de tráfico de los medios de entre el 33% y el 38% en los mercados donde estos sistemas ya están activos. Para un sector que en Francia ya arrastra años de descenso publicitario y recortes de plantilla, ese porcentaje no es una cifra abstracta: es la diferencia entre sostener una redacción o no hacerlo.

Una ley de 2019 que Google ya conoce bien

Francia fue el primer país de la Unión Europea en transponer la directiva europea sobre derechos conexos, con una ley de julio de 2019 que obliga a pedir autorización previa y pagar por el uso de contenidos de prensa.

Google ya ha topado antes con esa norma: en 2020, la Autoridad de la Competencia la sancionó por prácticas desleales y la obligó a negociar de buena fe con los editores. Dos años después, ante el incumplimiento de esos compromisos, la multa ascendió a 500 millones de euros. La compañía terminó aceptando, en julio de 2022, un acuerdo de negociación transparente y no discriminatoria, vigente hasta 2027.

Es precisamente ese acuerdo el que la Alianza considera vulnerado ahora. El despliegue unilateral de AI Overviews y AI Mode, sin autorización ni remuneración específicas, contraviene, a su juicio, los compromisos que la propia Google había asumido hace apenas cuatro años.

Google no es la única

La denuncia contra Google llega poco más de un mes después (el pasado 8 de julio, concretamente) de que la misma Autoridad de la Competencia impusiera cuatro medidas cautelares contra Meta, a raíz de una denuncia que la Alianza había presentado en septiembre de 2025.

En la rueda de prensa que acompañó esa decisión, su presidente, Benoît Cœuré, fue explícito: los contenidos protegidos que utilicen los sistemas de IA generativa "deben ser objeto de una remuneración en concepto de derecho conexo". La frase, pronunciada a propósito de Meta, resuena ahora directamente sobre el caso de Google.

Vista en conjunto, la ofensiva de la Alianza dibuja algo más amplio que un pleito puntual: una estrategia para que ninguna gran plataforma de inteligencia artificial dé por hecho que puede alimentarse de contenido periodístico sin pagar por él, sea cual sea su nombre.

Un pulso que ya venía de antes

La tensión entre Google y los editores no es nueva, y tampoco se limita a Francia. En junio de este mismo año, la compañía anunció que empezaría a probar en el Reino Unido un nuevo control desde Search Console para que los propietarios de webs pudieran excluir sus contenidos de los resultados generados por IA (AI Overviews, Modo IA y los resultados con IA en Discover) sin que ello penalizase su posición en las búsquedas tradicionales.

La herramienta llegaba en plena ofensiva regulatoria en varios países y después de que se descubriera que la opción de exclusión que ya existía sobre el papel no funcionaba como se suponía.

En mayo de 2025, durante el juicio antimonopolio contra Google en Estados Unidos, el vicepresidente de Google DeepMind, Eli Collins, admitió ante el tribunal que la empresa conservaba la capacidad de entrenar sus modelos con datos de editores que habían pedido explícitamente quedar fuera de ese entrenamiento.

Ese antecedente resulta difícil de ignorar ahora. Y también explica por qué los editores franceses, esta vez, no han esperado a ver qué pasa: han ido directamente a la autoridad reguladora.

La Alianza de Prensa de Información General francesa insiste en que no busca frenar la tecnología, sino ponerle precio a lo que alimenta. "Que la inteligencia artificial se construya sobre los contenidos de la prensa dice algo simple: esta información tiene un valor considerable", ha declarado Feuillée. La disputa, en el fondo, no es sobre si la IA debe usar noticias, sino sobre quién decide las condiciones y quién cobra por ellas.