En su dictamen, el Consejo Constitucional también justifica la anulación de ese artículo cardinal de la ley porque estima que con él no se han previsto garantías legales suficientes para garantizar el derecho a la privacidad.

Los magistrados reconocen que hay una exigencia constitucional para proteger "el interés superior del niño" y que eso permite, por tanto, limitar a los menores el acceso a las redes sociales, pero no de la forma en que se legisló.

En su argumentación explican que el legislador puede establecer mecanismos para que cesen los abusos por el ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación cuando ponen en peligro el orden público y los derechos de las personas, como los menores. Pero ponen el acento en que esa libertad de expresión "es una condición de la democracia y una de las garantías del respeto de otros derechos y libertades".

Critica el carácter general de la prohibición

En el caso de la ley que el Parlamento adoptó de forma definitiva el pasado 21 de julio para impedir el acceso a los menores a las redes sociales, el Consejo Constitucional critica el carácter general de la prohibición.

Porque eso tiene como consecuencia privarles de acceso a "numerosos servicios de comunicación online, sin considerar ni la situación del menor, ni los riesgos específicos de cada uno de esos servicios". Es decir, se les priva de acceso a servicios online para los que no se ha demostrado que presenten riesgos para la salud y la seguridad de los menores.

Además, cuestiona que estén cubiertos por esa interdicción todos los menores de menos de 15 años, sin que se evalúe el riesgo para ellos en función "de su edad, de su grado de madurez y de su situación familiar", lo que significa que los padres o los que tengan la autoridad parental de esos niños o adolescentes no pueden decidir el levantamiento de la prohibición, limitar su alcance o autorizar el acceso a ciertas redes sociales.

Macron anuncia una nueva redacción de la ley

En una primera reacción al revés del Consejo Constitucional, el presidente francés, Emmanuel Macron, que fue el gran promotor de la ley, indicó que ha encargado a su primer ministro, Sébastien Lecornu, que trabaje en el plazo más breve en una nueva redacción "jurídicamente robusta" que tenga en cuenta el dictamen de la censura, así como "el marco europeo".

En un comunicado, la Presidencia señaló que sobre la base de las conclusiones que presente Lecornu, Macron, el Ejecutivo y el Parlamento deberán determinar la forma para permitir de aquí al fin de su mandato, en mayo de 2027, "proteger a nuestros niños de las redes sociales".

El Elíseo también hizo hincapié en que "la determinación del presidente de la República para sacar adelante esta reforma de aquí a la primavera de 2027 sigue siendo total".

La ley ahora censurada instauraba la prohibición de acceso a los menores de 15 años a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales, con la exclusión de determinados portales, como las enciclopedias online (de tipo Wikipedia), así como de plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.

No fijaba un sistema concreto de verificación de la edad, por lo que correspondía a las plataformas como Facebook o Tik Tok implantar mecanismos para comprobar la edad de los usuarios.