En 2014, Guillermo Mínguez creyó haber encontrado la oportunidad de comprar una vivienda en pleno distrito de Chamberí. Tras escuchar un anuncio en la radio, decidió abandonar otra cooperativa a la que pertenecía e incorporarse al proyecto de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos, una promoción que prometía viviendas a precios asequibles, zonas verdes y nuevas instalaciones.

Más de una década después, este funcionario del Ayuntamiento de Madrid continúa esperando. Ha invertido más de 110.000 euros, sigue viviendo con su madre y reconoce que, con el actual precio de la vivienda, ya no tiene una alternativa. “Ahora mismo es esto o nada. O sale adelante o no tengo vivienda”, resume.

Como él, otras 442 familias continúan atrapadas en un proyecto que debía entregar las viviendas en 2019 y que, doce años después de su puesta en marcha, sigue sin materializarse tras una larga batalla administrativa y judicial.

Guillermo se incorporó a la cooperativa en el verano de 2014, cuando la Comunidad de Madrid sacó a subasta los terrenos de las antiguas cocheras de Metro de Cuatro Caminos.

En ese momento buscaba una vivienda y ya formaba parte de otra cooperativa en Valdezarza. Sin embargo, el proyecto de Cuatro Caminos le convenció por ubicación, precio y características.

"Me parecía más interesante, tenía un porcentaje de vivienda protegida, y era mejor a nivel precio y metros cuadrados", confiesa.

La vivienda que eligió contaba con 75 metros útiles, dos dormitorios, dos baños, garaje y trastero a un precio bastante competitivo. "En ese momento, esas viviendas con esos metros y esa distribución y en el centro, pues no había mucha oferta", admite.

La ilusión inicial por el inmueble vino acompañada de un gran esfuerzo económico. Primero aportó el capital social y, tras adjudicarse el suelo, tuvo que que abonar alrededor de 60.000 euros después de que Grupo Ibosa se adjudicara la subasta.

Tres años después realizó una segunda aportación cercana a los 45.000 euros, al que después se sumaron otras aportaciones hasta superar los 110.000 euros invertidos.

Todo ese dinero procedía de los ahorros que llevaba años reuniendo para poder comprar una vivienda. "Haciendo un esfuerzo importante pude afrontar esos pagos porque llevaba mucho tiempo ahorrando", recuerda.

Recuerda los primeros meses con "mucha ilusión" ya que era una oportunidad en pleno centro de Madrid y era un suelo que permitía construir viviendas "con tamaños aceptables, a precios razonables con zonas verdes y comunes". Nunca se le pasó por la cabeza que los cooperativistas iban a ser objeto de "acoso, persecución y bloqueo".

La previsión de entrega de las viviendas era para el año 2019. "Había que construir las cocheras nuevas y edificios para la Administración, entonces todo eso hacía que la obra se alargase un poco más de lo normal", confiesa.

Sin embargo, el proyecto comenzó a complicarse apenas un año después. Guillermo sitúa el punto de inflexión en 2015, tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid ya que asegura que desde el "primer momento empezaron a bloquear la operación".

Guillermo considera que el Ayuntamiento, encabezado por aquel entonces por Manuela Carmena, trató de frenar el desarrollo urbanístico desde el primer momento. "Siempre eran motivos técnicos absurdos, bajo pretextos que no tenían sentido. Querían abiertamente hundir y bloquear el proyecto", confiesa.

Además, sostiene que posteriormente se sumaron asociaciones patrimonialistas que impulsaron distintos recursos judiciales para impedir la demolición de las antiguas cocheras. El funcionario comenta que estos grupos "empezaron a promover que se impugnase un bien de interés municipal" para proteger las cocheras y evitar su demolición.

Unas peticiones, que para Guillermo no se sostenían: "Los órganos competentes en patrimonio dictaron que no eran bienes de interés cultural y que no preservaban".

Además, considera que desde el principio el proyecto quedó marcado por el debate político. "Siempre lo vincularon al PP porque la subasta se hizo cuando gobernaba Ana Botella. Lo calificaban como una operación especulativa o un pelotazo", afirma.

Pero el dinero no es lo único que ha quedado bloqueado. Con la previsión de mudarse en 2019, Guillermo decidió seguir viviendo con sus padres porque no podía asumir un alquiler después de haber desembolsado más de 100.000 euros.

Ese momento nunca llegó. Su padre falleció en 2020 y, doce años después de entrar en la cooperativa y con 46 años continúa viviendo con su madre. "A nivel personal me ha hecho un destrozo importante en mi vida", admite.

Insiste en que ni él ni el resto de cooperativistas son inversores, pese a las críticas: "No somos especuladores. Necesitamos las viviendas para vivir, no para especular". La subida del precio de la vivienda durante estos años ha terminado por dejarle sin alternativas. "Aunque recuperara el dinero invertido, no tendría ni para dar la entrada de otro piso", lamenta.

A ello se suma que abandonar la cooperativa tampoco es un proceso sencillo. Explica que, para recuperar las aportaciones realizadas, antes tendría que incorporarse otro cooperativista que ocupase su plaza, algo que considera complicado después de todo lo ocurrido.

"Viendo el panorama y los antecedentes de estos doce años, hay que pensárselo mucho antes de entrar", reconoce.

El último revés judicial llegó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el planeamiento urbanístico al considerar insuficiente la evaluación de determinadas alternativas ambientales, una resolución que obligó a rehacer parte del proyecto y presentar un recurso de casación en contra de esta sentencia.

El Tribunal Supremo dio carpetazo definitivo al asunto en marzo de 2026, confirmando la ilegalidad del planeamiento

Desde entonces, el Ayuntamiento trabaja en un nuevo planeamiento que permita desbloquear definitivamente la operación.

Según explica Guillermo, la sentencia obligó a rehacer el planeamiento al considerar insuficiente el estudio de determinadas alternativas ambientales, aunque rechazó otras pretensiones planteadas en los recursos, como las relacionadas con el porcentaje de vivienda protegida.

Reconoce que percibe una mayor implicación por parte del Consistorio y que existe voluntad de sacar adelante el proyecto, pero después de más de una década de retrasos prefiere no generar falsas expectativas.

"Ha habido muchas promesas durante estos años. Hasta que no vea las grúas, no me lo voy a creer", asegura.

Durante estos once años hubo momentos en los que llegó a plantearse abandonar la cooperativa. El primero fue cuando comenzaron los bloqueos administrativos. El segundo, cuando tuvo que afrontar el importante desembolso económico correspondiente al segundo pago del suelo.

Finalmente decidió continuar porque estaba convencido de que los problemas terminarían resolviéndose. Con el paso del tiempo reconoce que aquella decisión quizá fue un error. "Si lo llego a saber, no me hubiera metido en la cooperativa ni de broma", admite.

Aun así, hoy considera que ya no puede dar marcha atrás. Los precios actuales de la vivienda hacen imposible encontrar una alternativa similar a la que buscaba en 2014 y, después de más de 110.000 euros invertidos, siente que todo depende de que el proyecto consiga salir adelante.

Por el momento, más de 400 familias siguen a la espera de un nuevo impulso urbanístico que permita reactivar las obras. En el caso de Guillermo, resume su situación con una frase que, según reconoce, lleva años repitiéndose: "Ahora mismo ya no tengo otra alternativa. Es esto o nada".