La central nuclear de Almaraz, en Cáceres, podrá seguir operando hasta el 8 de junio de 2030. Es el nuevo horizonte fijado tras la decisión del Gobierno de aplazar el cierre de sus dos reactores, previsto para 2027 y 2028, publicada este viernes en el BOE. La extensión llega después del informe favorable, con condiciones, emitido en julio por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y concede margen a la Comunidad de Madrid, que consume mucha más electricidad de la que genera y donde el Gobierno regional y los empresarios llevaban meses reclamando su continuidad por su importancia para el suministro eléctrico.

El desequilibrio madrileño es considerable. Según los últimos datos de Red Eléctrica, Madrid demandó 28.876 GWh de electricidad en 2025, el 11,3% del total nacional, mientras que dentro de la región se generaron únicamente 1.242 GWh, el 0,5% de toda la producción española. Además, el consumo madrileño creció un 4,8% respecto al año anterior, por encima del 2,8% registrado en el conjunto del país.

Ese fuerte desfase entre producción y consumo le ha valido a Madrid la categoría de "agujero negro" energético, según el IX Informe FOESSA al analizar los desequilibrios territoriales entre las comunidades productoras y los grandes centros consumidores. La capital aparece como uno de los polos, además de Barcelona, que necesita abastecerse mayoritariamente con generación situada fuera de su territorio.

Almaraz ocupa desde hace tiempo un lugar central en las reivindicaciones energéticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña visitó la central junto a María Guardiola en febrero de 2025 para exigir su continuidad y advertir del impacto que su desaparición podía tener sobre una región de elevada demanda.

Madrid sostiene que la producción de Almaraz equivale aproximadamente al 15% del consumo eléctrico de la región, un porcentaje especialmente relevante ante el incremento de nuevas actividades intensivas en electricidad. "No podemos permitir que el Gobierno apague el futuro de España", afirmó entonces Ayuso. Según la Comunidad, más del 40% del suministro madrileño procede de Almaraz y de Trillo (Guadalajara), y todavía no existe capacidad de respaldo suficiente para sustituirlas.

Ese debate coincide con las dificultades que Madrid denuncia para garantizar electricidad a su crecimiento futuro. El Ejecutivo autonómico sostiene que la planificación estatal de la red hasta 2030 deja fuera necesidades relacionadas con 116.000 viviendas de los desarrollos del Sureste, además de proyectos industriales, centros de datos y actividades vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial.

Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, en la visita a la central nuclear de Almaraz, en febrero de 2025. / DAVID SERRANO POLO / EFE

La patronal madrileña CEIM también lleva meses advirtiendo del impacto que, a su juicio, tendría el cierre sobre Madrid. La patronal vinculó expresamente en enero la continuidad de la central con el crecimiento de los centros de datos, la industria, los desarrollos urbanísticos y la población de una comunidad con una demanda eléctrica elevada.

"Tras varios años reclamándolo, los empresarios de Madrid vemos con satisfacción que el Gobierno haya accedido por fin a ampliar la vida útil de Almaraz", ha señalado Miguel Garrido, su presidente. CEIM ha aprovechado además la prórroga para reclamar al Ejecutivo que reconsidere su política sobre el resto del parque nuclear.

El Gobierno central presenta, sin embargo, la ampliación como una medida excepcional y limitada, no como un cambio general de su política nuclear. Transición Ecológica justifica la decisión por la incertidumbre energética internacional y la volatilidad de los precios del gas, y sostiene que mantener Almaraz hasta 2030 puede reducir temporalmente la exposición de los consumidores a posibles picos de precios. El Ejecutivo mantiene, por ahora, 2035 como fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear español.

Para Madrid, por tanto, la prórroga supone fundamentalmente ganar tiempo. Mantiene hasta 2030 una central cuya producción la Comunidad considera estratégica justo cuando la demanda regional aumenta y se multiplican las necesidades de nuevos desarrollos residenciales, industriales y digitales. La decisión no elimina el problema de fondo de Madrid y su necesidad de reforzar redes, capacidad de conexión, nueva generación y almacenamiento en una región que concentra más del 11% de la demanda española y apenas el 0,5% de la generación.