En la provincia de Cádiz hay 52.733 niños, niñas y adolescentes que forman parte de un hogar que recibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), correspondientes a julio. Es la cifra que mejor resume lo que hay detrás de esta prestación: no es solo una ayuda para adultos sin ingresos, es también, y sobre todo, un sostén para la infancia.

Esos menores viven en algunos de los 47.662 hogares gaditanos que en julio cobraron el IMV, en los que en total residen 143.771 personas (uno de cada nueve gaditanos aproximadamente), casi 19.000 más que en el mismo mes de 2025. Solo en un año, el número de familias que reciben esta ayuda ha crecido un 15,7% en la provincia.

La cuantía media de la prestación se sitúa en 492,26 euros mensuales por hogar, una cantidad de dinero pensada para cubrir lo más básico cuando no hay ingresos suficientes y que hace un retrato social de la tipología de los hogares económicamente más vulnerables. El perfil de las personas titulares como el de las beneficiarias refleja un marcado carácter femenino: en julio, 35.734 mujeres fueron titulares de la prestación y 76.663 mujeres formaron parte de los hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

El perfil de los hogares beneficiarios pone de manifiesto la relación existente entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. Del total de hogares perceptores del IMV, 6.959 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos.

Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con mayor intensidad en este modelo de familia. En este contexto, el Ingreso Mínimo Vital actúa como un mecanismo de estabilidad para numerosas familias en las que las mujeres asumen la principal responsabilidad económica y de cuidados.

El IMV se ha consolidado como un modelo en el que la protección de la infancia ocupa un lugar central. En la actualidad, 52.733 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación en Cádiz. A esta protección se suma como refuerzo el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) como un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En julio, 33.635 hogares recibieron este complemento, con una ayuda media de 66,63 euros por menor y de 107,54 euros por hogar.

El CAPI puede percibirse de manera independiente del IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. De este modo, además de proteger a las familias en situación de pobreza severa, alcanza también a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia formada por dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes,lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El IMV no solo constituye un mecanismo de protección económica, sino que también funciona como una herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de las personas jóvenes. La edad media de las personas beneficiarias se sitúa en 29,69 años, y en 22,7 años si se excluye a las personas titulares, lo que refleja su impacto durante las primeras etapas de la vida laboral.

En este sentido, la compatibilidad del IMV con las rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como una herramienta de apoyo para el acceso y la permanencia en el empleo. Las mejoras incorporadas al IMV también han facilitado el acceso a la prestación de personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Entre otras medidas, pueden solicitar la ayuda las personas mayores de 18 años o menores emancipadas con hijos o hijas a cargo. Asimismo, se ha reducido de tres a dos años el periodo de vida independiente exigido a las personas menores de 30 años.

Para solicitar el Ingreso Mínimo Vital es necesario haber residido legal, efectiva y continuadamente en España durante, al menos, el año anterior. La residencia se acredita mediante la inscripción en el Registro Central de Extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o mediante la correspondiente autorización en el caso de personas procedentes de terceros países. El domicilio en España se verifica mediante el certificado de empadronamiento, mientras que la unidad de convivencia se acredita a través del libro de familia, los certificados del Registro Civil o los datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros del hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. En el caso de las personas que agotan el subsidio por desempleo y no consiguen reincorporarse al mercado laboral, pueden acceder al IMV sin necesidad de realizar una nueva solicitud ni aportar documentación adicional. Desde que se puso en marcha hace seis años, la prestación ha beneficiado a más de 200.000 personas a lo largo de su historia en la provincia gaditana.