¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a vigilar la corrupción? Y no solo la de los grandes casos que abren periódicos, sino la del día a día, la de los enchufes en tal ayuntamiento o diputación perdido donde de repente una empresa de nueva creación se lleva muchos contratos menores.

Como siempre, la respuesta es 'sí, pero' y apuntando que no hay que imaginar a ChatGPT (Gemini, Claude o el que usted guste) diciendo "el alcalde es un chorizo".

En nuestro país se han creado en los últimos años webs como Contratación Abierta o Menjómetre (esta última centrada en Cataluña) que aplican herramientas de IA a la revisión de contratos que van desde el ministerio de turno a la concejalía de juventud y tiempo libre de tu pueblo.

El analista tecnológico Antonio Ortiz, responsable del blog Error505, aclara a ENCLAVE que si hay una oleada de aplicaciones basadas en IA centradas en la transparencia es porque "es lo que ocurre en el desarrollo de software en general: más gente creando, más capacidad para experimentar y más facilidad para convertir una idea en una aplicación funcional".

En su caso cree que "estos sistemas pueden servir como una forma de vigilancia de la corrupción" en el sentido de "contribuir a sacarlas a la luz con más facilidad". Un ejemplo sería "el de los contratos o trabajos administrativos fraccionados artificialmente para que, al quedar por debajo de cierta cuantía", puedan adjudicarse 'a dedo'.

El analista considera que su principal ventaja es que "permiten usar el lenguaje natural para hacer consultas" y, "en principio, son más fáciles de usar". Pero quiere dejar claro que "para que una aplicación de este tipo sea fiable necesitamos exactamente lo mismo que necesitábamos con el software anterior: rigor, supervisión y pruebas".

"Con IA", insiste Ortiz, "se va a hacer mucho mal software, igual que se ha hecho siempre. Sobre todo cuando alguien se limita a pedirle cosas al modelo, no comprueba nada y cae en esa especie de desorientación de pensar va a hacerlo todo mágicamente bien a la primera".

Traducir la burocracia

Para David Fernández, ingeniero informático, que es el responsable de la web Contratación Abierta, dedicada a la revisión de contratos menores de diferentes administraciones, cree que las herramientas de IA "permiten añadir una capa de enriquecimiento" a la información.

En principio, entiende que la función del algoritmo es "dar con patrones raros que luego un humano revisa" y luego hacer búsquedas que den contexto a esos datos ("¿Hubo algún desastre natural que justifique ciertas actuaciones? ¿Expiró alguna licitación?").

Para Fernández el ejemplo de "los casos extraños en los que una empresa presta un servicio que en principio no tiene nada que ver con ella, como una zapatería que de repente recibe adjudicaciones para obras en un polideportivo".

La herramienta de IA reduce tiempos en consultar bases de datos y comparar términos porque "entienden" que una empresa de zapatería "no tiene nada que ver con una empresa de albañilería".

En cualquier caso, deja claro que necesita supervisión humana, tanto cuanto se desarrolla la herramienta como una vez al aplicarla, ya que necesita una guía clara de qué buscar y cómo gestionar los datos que encuentre. Además, el objetivo final de la IA será marcar los casos como "red flags, no irregularidades. Eso tendrá que revisarlo una persona".

Así, entre sus principales ventajas, que es traducir al roman paladino el lenguaje de la burocracia, están algunas de sus debilidades: "El lenguaje administrativo es algo muy específico de cada país y aunque los modelos grandes son muy buenos en conocimiento general pueden patinar en cosas muy específicas, donde los matices importan".

Desde Menjómetre, la web catalana, apuntan a que "portales de 'transparencia' ya existían desde hace años. Pero frecuentemente ofrecen los datos en formatos difíciles de 'ingerir', o bien en formatos 'no estructurados', lo que antes requería de muchas horas de trabajo".

Los modelos de IA "permiten atacar esa complejidad en horas en lugar de días o semanas. Lo que ha cambiado no es que la administración ofrezca mejores datos, sino que tenemos mejores y más potentes herramientas para el análisis y el cruce de datos".

La "buena voluntad"

El principal escollo en el coinciden unos expertos y otros es en la parte que les toca a las propias administraciones, desde el Estado hasta el ayuntamiento más pequeño. Para David Fernández hay de todo: algunas con muy buena voluntad y otras más obstruccionistas, y el problema es "que sin datos no hay fiscalización posible, ni con programas o sin programas".

"Hay administraciones que publican más información de la legalmente obligatoria: número de ofertas, importes con y sin IVA, fecha concreta…", valora. "Hay que reconocer que van más allá de lo necesario, pero también hay que concluir que ese es el mínimo esfuerzo que podemos pedirle a las administraciones".

Los famosos contratos menores que muchos ayuntamientos o diputaciones trocean por debajo del mínimo legal y cuyo expediente no se publica "y es ahí cuando te encuentras también muchas otras cosas raras, como informes de la Secretaría General apuntando un posible fraccionamiento irregular o empresas que consiguen contratos sin estar al corriente de pago con Hacienda", apunta.

Es decir, las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar o acelerar el trabajo del humano, pero lo principal sigue siendo una fiscalización real de las propias administraciones y una mayor salud democrática.