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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASA"Resulta tan espantoso como sintomático: para tomar una decisión sobre personas en extrema exclusión social, se consulta a la policía y a los inspectores sanitarios, pero se silencia a los técnicos de intervención e inclusión social"
El alcalde de Donostia parece haber encontrado en la solidaridad comunitaria su nuevo enemigo público. Bajo el pretexto de garantizar la “seguridad” y preservar el orden en las calles, el alcalde ha decidido prohibir las cenas solidarias dirigidas a quienes malviven en la calle.
El relato oficial es tan viejo como previsible: asociar de forma directa un plato de comida a la delincuencia, los robos, los altercados y una supuesta degradación del espacio público que solivianta, al parecer, al vecindario. A este discurso punitivo se le ha sumado ahora la coartada técnica: presentar el reparto de comida como un “problema sanitario”, escudándose en la falta de higiene o trazabilidad de los alimentos.
Lo verdaderamente revelador de la maniobra política no es solo lo que dicen los informes municipales, sino lo que ocultan y omiten. Para decretar la prohibición, el alcalde ha echado mano de dictámenes de la Guardia Municipal, de Espacio Público y de Salud Pública. Ni rastro, ni una sola línea, de un informe emitido por el departamento de Bienestar Social del propio Ayuntamiento. Resulta tan espantoso como sintomático: para tomar una decisión sobre personas en extrema exclusión social, se consulta a la policía y a los inspectores sanitarios, pero se silencia a los técnicos de intervención e inclusión social.
Sin embargo, basta con pasear cualquier tarde por, por ejemplo, la Parte Vieja, para comprobar que el espacio público no se deteriora por repartir comida a quien no tiene nada. Se deteriora por la hipocresía institucional y la aplicación selectiva de las normas. Resulta sonrojante observar el doble rasero con el que las autoridades miden el civismo en la ciudad. Mientras se persigue con rigor policial y celo administrativo la empatía ciudadana, el consistorio mira hacia otro lado ante las continuas infracciones de turistas y hosteleros:
Colas interminables de turistas a la espera de ser atendidos, muchos consumiendo en la vía pública, en el suelo, sin control ni sanciones por ocupación del espacio de todos, convirtiendo nuestras calles en una inmensa terraza de facto y en un basurero.
Trato de favor a la hostelería: oídos sordos ante los excesos del ruido nocturno, la acumulación desmedida de basuras en las calles, los incumplimientos de horarios, la colocación sin licencia de elementos en las fachadas y la agresiva privatización de la vía pública.
Irregularidades en los despachos: concejales que retienen conscientemente expedientes sancionadores en el cajón para evitar firmar multas a determinados sectores institucionales y socioeconómicos poderosos.
Permisividad sospechosa: informes internos oficiales, resoluciones de la CVAIP y ARARTEKO ignorados; denuncias vecinales legítimas sobre estas irregularidades terminan en la papelera o retardadas en el tiempo.
La fina línea conceptual que separa lo que es “ilegal”, lo que constituye una “infracción administrativa” o lo que supone “no respetar una ordenanza municipal” se ha convertido en una simple excusa burocrática. Una conveniente cortina de humo diseñada para enmascarar lo que verdaderamente subyace tras esta medida: clasismo, insolidaridad y una evidente aporofobia.
Cuando la norma municipal se utiliza de forma asimétrica —dura y punitiva contra el desamparado, complaciente y ciega con el beneficio económico privado— las normas y la supuesta legalidad deja de ser un instrumento de convivencia para convertirse en una herramienta de segregación.
Tratar la alimentación de la gente sin hogar como una falta administrativa o un riesgo sanitario no soluciona la exclusión; únicamente invisibiliza la pobreza para que no incomode la postal turística de la ciudad. Solidaridad hipócrita. En Lesbos o en la punta del Adarra, sí. En nuestras calles, no.
Donostia no tiene un problema de inseguridad ni de salubridad provocado por quienes cenan en la calle; tiene un problema de dignidad política cuando sus gobernantes eligen perseguir el bocadillo solidario mientras amparan la infracción del poderoso.
El alcalde de Donostia parece haber encontrado en la solidaridad comunitaria su nuevo enemigo público. Bajo el pretexto de garantizar la “seguridad” y preservar el orden en las calles, el alcalde ha decidido prohibir las cenas solidarias dirigidas a quienes malviven en la calle.
El relato oficial es tan viejo como previsible: asociar de forma directa un plato de comida a la delincuencia, los robos, los altercados y una supuesta degradación del espacio público que solivianta, al parecer, al vecindario. A este discurso punitivo se le ha sumado ahora la coartada técnica: presentar el reparto de comida como un “problema sanitario”, escudándose en la falta de higiene o trazabilidad de los alimentos.
Lo verdaderamente revelador de la maniobra política no es solo lo que dicen los informes municipales, sino lo que ocultan y omiten. Para decretar la prohibición, el alcalde ha echado mano de dictámenes de la Guardia Municipal, de Espacio Público y de Salud Pública. Ni rastro, ni una sola línea, de un informe emitido por el departamento de Bienestar Social del propio Ayuntamiento. Resulta tan espantoso como sintomático: para tomar una decisión sobre personas en extrema exclusión social, se consulta a la policía y a los inspectores sanitarios, pero se silencia a los técnicos de intervención e inclusión social.
Sin embargo, basta con pasear cualquier tarde por, por ejemplo, la Parte Vieja, para comprobar que el espacio público no se deteriora por repartir comida a quien no tiene nada. Se deteriora por la hipocresía institucional y la aplicación selectiva de las normas. Resulta sonrojante observar el doble rasero con el que las autoridades miden el civismo en la ciudad. Mientras se persigue con rigor policial y celo administrativo la empatía ciudadana, el consistorio mira hacia otro lado ante las continuas infracciones de turistas y hosteleros:
La fina línea conceptual que separa lo que es “ilegal”, lo que constituye una “infracción administrativa” o lo que supone “no respetar una ordenanza municipal” se ha convertido en una simple excusa burocrática. Una conveniente cortina de humo diseñada para enmascarar lo que verdaderamente subyace tras esta medida: clasismo, insolidaridad y una evidente aporofobia.
Cuando la norma municipal se utiliza de forma asimétrica —dura y punitiva contra el desamparado, complaciente y ciega con el beneficio económico privado— las normas y la supuesta legalidad deja de ser un instrumento de convivencia para convertirse en una herramienta de segregación.
Tratar la alimentación de la gente sin hogar como una falta administrativa o un riesgo sanitario no soluciona la exclusión; únicamente invisibiliza la pobreza para que no incomode la postal turística de la ciudad. Solidaridad hipócrita. En Lesbos o en la punta del Adarra, sí. En nuestras calles, no.
Donostia no tiene un problema de inseguridad ni de salubridad provocado por quienes cenan en la calle; tiene un problema de dignidad política cuando sus gobernantes eligen perseguir el bocadillo solidario mientras amparan la infracción del poderoso.