Pocos días después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara que la esposa del presidente del Gobierno será sentada ante un tribunal del jurado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, firmó su primera Instrucción desde que accedió al cargo el pasado mes de diciembre. Este documento, de obligado cumplimiento para todos los fiscales del país, tiene que ver con la institución del jurado.

La Instrucción 1/2026 crea una red nacional de fiscales especialistas en un jurado popular y establece que sea la Secretaría General Técnica, que depende directamente de Peramato, la que aclare dudas jurídicas y haga observaciones en casos de "especial relevancia", si bien estas tendrán "carácter no vinculante", según el texto de la Instrucción hecho público por la Fiscalía General del que se hace eco EL PERIÓDICO.

Audiencia Provincial de Madrid / EUROPA PRESS

La idea de crear esta red no es novedosa, pues ya fue expuesta por el predecesor de Peramato, Álvaro García Ortiz, el pasado mes de septiembre durante una reunión de coordinación de fiscales especialistas de Jurado que se celebró en la sede de la Fiscalía General. En dicho encuentro, los fiscales reclamaron una formación más técnica y específica para afrontar con mayores garantías los procedimientos que juzgan los tribunales de jurado, aludiendo a su carácter "complejo".

Pero no ha sido hasta 10 meses después, y teniendo sobre la mesa un caso de especial relevancia, como es el que afecta a Begoña Gómez, cuando Peramato ha decidido publicar su Instrucción, que tiene fecha del pasado 30 de julio. Ya en su día, García Ortiz manifestó que esta red será "el germen de lo que luego puede acabar convirtiéndose en una especialidad”. Al no existir todavía este estatus, no existe un fiscal de Sala --la más alta jerarquía de la carrera-- que pueda dar las pautas a los fiscales especializados y este papel lo asumirá la Secretaría General Técnica.

Según el texto de la Instrucción, en aquellos supuestos en los que las jefaturas de los órganos fiscales comuniquen a la Secretaría Técnica procedimientos "que revistan especial relevancia" o cuando los fiscales integrantes de la red de especialistas planteen dudas jurídicas, se entenderá que "las observaciones de carácter no vinculante que, en su caso, formule la Secretaría Técnica deberán circunscribirse exclusivamente a los aspectos procesales de la causa". En el caso de Begoña Gómez, la fiscalía actuante es la Provincial de Madrid, que insta la absolución al no ver conductas delictivas en la mujer de Pedro Sánchez.

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado se constituye como "órgano centralizado encargado de la coordinación de la red de fiscales especialistas", y en cada fiscalía territorial, se designará una o un fiscal que actúe como punto de contacto con la red, si bien será cada departamento el que decida si se destina una "pluralidad" de fiscales para el jurado en función de sus necesidades.

En todo caso, la Instrucción no establece ninguna obligación de informar de forma automática a la Secretaría Técnica de las vicisitudes de los procedimientos. Así, cuando se susciten dudas jurídicas se abrirá un "expediente de seguimiento". En estos casos, desde la Fiscalía General se ofrecerá asesoramiento técnico, si bien los criterios ofrecidos deberán ser valorados oportunamente por la fiscal o el fiscal especialista y por la correspondiente jefatura y, en ningún caso, tendrán carácter vinculante ni podrán ser entendidos como un superior visado de cualesquiera hitos preprocesales o procesales", agrega la Instrucción.

El pasado 16 de julio, la Audiencia de Madrid acordó mantener la decisión del juez Juan Carlos Peinado para que la mujer de Sánchez sea juzgada en un juicio con jurado, si bien limitó a dos los presuntos delitos por los que debe ser juzgada: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Dejó fuera la apropiación indebida y el delito de corrupción en los negocios, y aunque levantó las medidas cautelares inicialmente dictadas contra ella y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, mantuvo la obligación de que ambas permanezcan localizables y a disposición de la Justicia mientras continúa el procedimiento.

La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). / Alberto Paredes - Europa Press

Conforme al criterio de la Audiencia Provincial, las acusaciones populares ajustaron a finales del mes de julio hasta los 13 años la pena de 24 años de prisión que inicialmente solicitó para Begoña Gómez, mientras que las defensas y la Fiscalía instan a su absolución.

Sobre el presunto tráfico de influencias, la Audiencia Provincial que ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la Universidad Complutense de Madrid, "obteniendo la decisión no solo de crear la cátedra, sino de nombrarla directora, permitiéndole así sufragar con financiación pública el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medición que pretendía que fuera de uso y titularidad personal o privada". En cuanto a la malversación, se refiere tanto al 'software' de la cátedra como a presunta actividad personal encomendada a su asistente en Moncloa.

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