Las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular (PP) han rechazado debatir con el Gobierno la situación de los menores que se encuentran en Ceuta y su traslado a la península. Durante una reunión celebrada este jueves de forma telemática, sus representantes se han negado a incorporar en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, un punto informativo y de debate sobre la atención a los niños y niñas que se celebrará el próximo 27 de agosto.

En la reunión estuvieron presentes las direcciones generales de Infancia de todas las comunidades salvo Aragón, Castilla y León y Extremadura, que ya habían adelantado que no acudirían. En esas tres comunidades autónomas, a diferencia de lo que ocurre en la Junta de Andalucía, que preside Juan Manuel Moreno, también en coalición con los de Santiago Abascal, las competencias relativas a los menores están en manos de la extrema derecha.

Pero en la cita del último jueves de agosto están convocados todos los consejeros del ramo para abordar la ayuda económica del Ejecutivo a Ceuta, de 25 millones de euros. En la dotación sí coinciden el Gobierno y las autonomías, pero Rego quería aprovechar el encuentro para hablar de la situación de miles de menores que deambulan en la ciudad autónoma, algo que los representantes del PP han rechazado de plano.

La ministra ha manifestado en sus redes sociales que el PP y Vox "desprecian a la infancia y desprecian a Ceuta" y que "bloquear el debate es solo un síntoma de la falta de argumentos". Así, Rego ha pedido a los ejecutivos autonómicos que "estén a la altura" y ha destacado que "la protección de la infancia no entiende de siglas, ni de fronteras; son niños y niñas y el Estado va a cuidarlos".

Fuentes del PP aseguran que 15 días después de la entrada masiva, "resulta incomprensible" que el Gobierno siga sin saber "cuántos menores hay en Ceuta, cuál es su ubicación y cuántos permanecen desatendidos", y argumentan que "no se puede empezar hablando de repartos o traslados entre comunidades autónomas cuando el Gobierno todavía no ha sido capaz de ofrecer algo tan básico como datos ciertos". Los directores generales de los ejecutivos populares han exigido al Gobierno que "cumpla con su deber y responsabilidades en esta crisis", que se ha generado por "no haber sido capaces de mantener la integridad territorial de España".

De todas formas, el Gobierno ha informado de que someterá a votación la posibilidad de alterar el orden del día para incluir el punto sobre los menores, aunque la mayoría queda en manos del PP.

Al margen de la postura más dura que evidencia el plante de los tres responsables de Infancia de Vox en los gobiernos que presiden los populares María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, cuya actitud reprobó recientemente en público el vicesecretario de Política Municipal y Autonómica del PP, Elías Bendodo, quien expresó que era importante sentarse en el encuentro con la ministra Rego, lo cierto es que hay unidad de acción entre toda las autonomías que gobierna la derecha sobre el reparto de los menores.

El propio Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista concedida esta semana a OK Diario, manifestó que tienen que volver los menores a Marruecos, y su sucesor en la presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al frente de una comunidad donde Vox es extraparlamentario, fue muy claro antes de la reunión de este jueves, cuando pidió "no normalizar esta situación", que describió así: "El Gobierno ve como normal que la única acción que tome sea distribuirlos [a los menores inmigrantes] por las comunidades autónomas y que tengamos que asumir esta situación. Y esto puede prolongarse indefinidamente si esta es la actitud del Gobierno. Cada vez que se produzca esta situación, simplemente distribuye entre las comunidades autónomas y parece que al Gobierno central esto no le supone ningún problema", lamentó el también líder del PP gallego.

Desde las comunidades del PP se traslada la idea de que sus territorios han sido "solidarios" y lo seguirán siendo, pero matizando que esa solidaridad debe vehicularse a través de procedimientos claros, de una concreta planificación y, sobre todo, con recursos económicos para la eventual acogida de esos menores inmigrantes. Vox, por el contrario, se opone tajantemente al reparto y podría recurrirlo legalmente. Ambos, de momento, ponen especial acento en la fiscalización de las filiaciones para comprobar la edad de los menores, algo que según el PP y Vox podría demostrar que un buen porcentaje de los llegados a Ceuta y considerados menores no lo son en realidad.

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