No está siendo un verano tranquilo en España, más bien todo lo contrario. Tras la dosis de optimismo que representó el triunfo de la selección en el Mundial de fútbol, la virulencia y gravedad de los incendios forestales que han arrasado decenas de miles de hectáreas en amplias zonas del país y la irrupción por la fuerza de más de 70.000 personas violentando la frontera de Ceuta, en unos sucesos que se cobraron más de cien vidas, han representado un duro choque con la realidad y han puesto de relieve fallos estructurales que invitan a preguntarse si el Estado se ha visto superado por acontecimientos que escapaban a su control. En el caso de los incendios se ha evidenciado que se carece de mecanismos institucionales para hacer frente de forma coordinada a grandes emergencias que cada vez son más frecuentes. En Los Gallardos, con 14 muertos, en Niebla y en los fuegos que calcinaron las provincias de Ávila y de Madrid se ha puesto de manifiesto que hay cambiar la forma de afrontar estos fenómenos y que las comunidades autónomas se ven superadas porque carecen de medios y de capacidad de resolución. Es absurdo apelar a la colaboración entre administraciones una vez que se produce el siniestro. La política forestal debe ser tratada como un asunto de Estado, que afecta a la estabilidad del propio país. Por lo que respecta a los sucesos de Ceuta, va a ser imprescindible adoptar medidas que clarifiquen la política migratoria del Gobierno para que España deje de aparecer como un país de fronteras abiertas y controles laxos. Como se ha visto estos días, se trata de una cuestión de seguridad nacional en la que el país ha quedado en una situación muy comprometida ante sus socios europeos. Este verano ofrece una lección clara: el Estado debe ser reforzado con calidad institucional y prioridades asumidas por todos. Ello es responsabilidad, en primer lugar, del Gobierno, pero también del conjunto de las fuerzas políticas y en especial del primer partido de la oposición.