Primero, la Guardia Civil registró la sede de la Guardia Civil por sospechas del caso Leire. Y no dimitió nadie. Luego la directora general de la Guardia Civil dijo que nunca se había visto con Leire Díez; el ministro Marlaska lo corroboró, y luego resultó que sí, que ambos mentían, que Mercedes González sí que se había visto varias veces con la fontanera de las cloacas del PSOE. Y tampoco dimitió ninguno. Ni siquiera dimite nadie ahora que acaban de imputar a la propia directora de la Guardia Civil. Mercedes González va a seguir al frente del organismo que la acusan de obstruir.

Cuidado porque es fácil perder el hilo. La Fiscalía Anticorrupción, que depende del Gobierno, fue la que pidió la imputación de la directora general de la Guardia Civil, puesta ahí por el Gobierno. Está acusada de interferir en el trabajo de la Guardia Civil en las causas cercanas al Gobierno.

El Gobierno confía en la directora general de la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil no parece que confíe mucho en su directora general. Sobre todo después de mentir sobre los cafés que se tomó con Leire, curiosamente en paralelo a las gestiones que hacía la fontanera para conseguir que se investigara a los agentes de la UCO que investigaban los casos que rodean a Pedro Sánchez y al Gobierno, incluido el caso Leire.

Es decir, a quien protegía Mercedes González, cuando presuntamente obstruía el trabajo del organismo que ella misma dirige, es precisamente al Ejecutivo, al PSOE y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.

Bien pensado, no puede extrañar tanto que el Gobierno exprese su confianza en la directora de la Guardia Civil si de lo que se acusa a Mercedes González es de prevaricación continuada y obstrucción a la Justicia en la causa de las cloacas del PSOE. Cuando el Gobierno dice que confía en su inocencia, en la de ella, en realidad está diciendo que confía en la suya propia.

Se va estrechando tanto el cerco de la corrupción, que está poniendo las manos en el fuego por sí mismo.

La historia se repite. Aquí ni Dios dimite.