Carlos Alsina ha conversado con Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, un día después de que la Audiencia de Badajoz hiciera pública la sentencia que condena a su cliente a nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación, al tiempo que también condena al expresidente de la Diputación.

Durante la entrevista, Alsina ha preguntado al letrado por la extensión de la resolución judicial, 377 folios, un volumen que podría sugerir un especial celo a la hora de dejar clara la argumentación de los magistrados. Cortés ha señalado que, en realidad, la sentencia "se parece extraordinariamente mucho" al auto que avaló la apertura del juicio oral, por lo que unido a su amplia experiencia como letrado, a su juicio, ha resultado "más llevadera" de lo que su volumen podría hacer pensar.

El abogado ha explicado que a David Sánchez únicamente se le ha condenado por el cambio de nomenclatura de la plaza que ocupaba, de ser coordinador de conservatorio a director de la oficina de artes escénicas. Ha adelantado que el recurso se centrará en cuestionar cuál ha sido exactamente la conducta prevaricadora que aprecia el tribunal. El abogado defensor ha explicado que la sentencia no especifica como se ha dado esa colaboración necesaria en la prevaricación, "no termino de encontrar muy bien cuál ha sido la participación causal del señor Sánchez", ha reconocido.

Alsina también le ha preguntado por su grado de satisfacción ante una sentencia que ha calificado como "menor", en comparación con las acusaciones iniciales. Cortés ha admitido que, desde un punto de vista estadístico, el balance es positivo puesto de los seis delitos de los que se acusaba al hermano del presidente del Gobierno solo ha sido condenado por uno de ellos, además fueron sobreseídas las acusaciones de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. Pese a ello ha asegurado que eso no resta "ningún ápice de ánimo" para "arrancar la única mala hierba" que, a su juicio, es el cambio de nominación de la plaza.

Sobre la posibilidad de que el procedimiento haya estado motivado por razones políticas, el abogado ha afirmado respecto a las acusaciones populares que "negar el sesgo político al procedimiento es absurdo, nunca he tenido tanto ruido de tambores". Sin embargo, ha matizado inmediatamente su posición: "No tengo ninguna razón objetiva para pensar que es un caso de lawfare".

En su opinión, la sentencia le parece "muy controvertida" y el desarrollo del proceso puede obedecer a razones muy distintas y ha recordado que la imagen final del caso podría cambiar de forma significativa una vez se resuelvan los recursos. Cortés también ha subrayado que, tras descartarse otras acusaciones relacionadas con el tráfico de influencias, la condena por prevaricación queda "muy sosa, sin móvil".

Es una prevaricación muy sosa, sin móvil"

Por último, ha criticado que la sentencia no responda, a su juicio, a los elementos de descargo presentados durante el juicio, en particular ha destacado que no han tenido en cuenta las declaraciones de los funcionarios de la diputación porque es una administración jerarquizada "en la que han ido ascendiendo", algo que contrasta con el criterio de la Guardia Civil al que si han prestado atención. Una cuestión que también formará parte de la impugnación que presentará la defensa.