24/02/2026 a las 18:20h.

Aparatos eléctricos, entre ellos incluso neveras, junto a neumáticos y más desechos están colonizando de un tiempo a esta parte el polígono industrial de Riamar de Maliaño (Camargo). Una serie de vertidos incontrolados que lejos de frenarse están yendo a más y que un colectivo de vecinos y usuarios del entorno de Punta Parayas y Camargo ha criticado públicamente ahora. Lamentan que este problema se está acrecentando con «la tolerancia de la administración y la propiedad (bancos y sociedades en liquidación)». Por su parte, el Ayuntamiento camargués ha incidido en que dichos vertederos se encuentran en fincas particulares, aunque aclaran que ya hay abierto un expediente y están en vías de intervenir subsidiariamente.

La escena se produce a «escasos metros del nuevo carril bici en el que el Ayuntamiento tanto invierte», apostilla el colectivo a través de un comunicado en el que se adjunta material fotográfico para documentar el «grave estado de abandono» del polígono. Asimismo, los vecinos van más allá e inciden en que esta es una cuestión de interés público porque «existe riesgo real tanto para la salud como para el medioambiente porque los aparatos eléctricos emiten gases tóxicos y los neumáticos representan un riesgo extremo de incendio y humos tóxicos».

Según señala el colectivo, «aunque el Ayuntamiento debería ejecutar la limpieza de forma subsidiaria y pasar la factura a los dueños, la inacción impera por el miedo al coste burocrático, permitiendo este daño ecológico». Así, exige una intervención urgente por parte del Consistorio, la inspección del Seprona para sancionar el vertido de neveras y neumáticos en un área conectada al Sendero de los Porqués y «transparencia respecto qué entidades financieras o propietarios están evadiendo sus obligaciones legales».

Por su parte, el Ayuntamiento ha indicado que se trata de una finca privada sobre la que existe un expediente abierto, tras una comunicación del Seprona recibida el pasado otoño. A raíz de esa denuncia, el Consistorio inició el procedimiento administrativo correspondiente y, una vez instruido el expediente por los servicios de Urbanismo, en enero se notificó formalmente al propietario una orden de ejecución, concediéndole un plazo de diez días para proceder a la limpieza del terreno, trámite en el que se encuentra actualmente, han explicado fuentes municipales a Europa Press.

Según han señalado, este tipo de actuaciones «no pueden resolverse de forma inmediata», ya que la ley obliga a seguir una serie de pasos administrativos: notificación al titular, posibilidad de presentar alegaciones y, en caso de incumplimiento, tramitación posterior para poder acceder a la finca. «El expediente lleva varios meses en marcha y se está gestionando conforme a los plazos y garantías legales», han aseverado. De esta forma, si la propiedad no ejecuta la limpieza dentro del plazo concedido, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria, repercutiendo después los costes al propietario, con independencia del expediente sancionador que pudiera derivarse.