El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha informado este domingo de una iniciativa que ha planteado al Gobierno de España para que le detalle cuántos beneficiarios hay en Andalucía de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida coloquialmente como la ley de 'solo sí es sí'.

La justificación de este paso, una solicitud de información dirigida al Ministerio de Justicia, la ha enmarcado como una finalidad "exclusivamente estadística", ya que ha apelado a "la planificación y dimensionamiento de recursos públicos".

Seguidamente ha argumentado que esa información, que ha calificado como "una base objetiva", serviría a su departamento para "evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las Unidades Judiciales de Valoración Integral de la Violencia de Género de Andalucía".

Ha sostenido que esos datos permitiría conocer "la evolución de la criminalidad sexual y a la ampliación de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres".

En esa demanda al Ministerio de Justicia ha planteado que se entreguen los datos desglosados de los agresores sexuales beneficiados, de modo que ayude así a "poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras" de esas Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.

"Resulta necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como sus características territoriales y sociodemográficas", ha continuado esgrimiendo Gavira en defensa de su iniciativa.

El vicepresidente segundo de la Junta ha solicitado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que "especifique" el número de personas condenadas en Andalucía por delitos contra la libertad sexual; y el número de delitos contra la libertad sexual registrados, conocidos, enjuiciados y/o por los que se haya producido condena en Andalucía.

Las preguntas del representante de Vox en el Gobierno andaluz se han encaminado a indagar "¿cuántos internos condenados por delitos contra la libertad sexual, en el ámbito de la violencia contra la mujer, que se encuentran cumpliendo condena en centros penitenciarios ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han visto revisada y reducida su condena como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, desde su entrada en vigor hasta la fecha actual?".

Manuel Gavira ha reclamado que en la información que el Ministerio remita a la Consejería "se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos, al tratarse de magnitudes diferentes y resultar ambas relevantes para la adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos judiciales y de valoración especializada".